Vivimos, gracias a Dios, en una sociedad avanzada y ello se traduce en un alto nivel de vida y en una población con una gran esperanza de vida. Es decir, vivimos bien y cada día más tiempo.
La pirámide de la población ya no es tal pirámide sino que se ha convertido en un tonel. Si proyectamos la tendencia que hemos vivido en los últimos 20 años y descontamos los efectos de la inmigración, veremos que el modelo de pensiones y el modelo sanitario se agotan, y no en un largo plazo de tiempo..
La inmigración que hemos recibido en esta década nos ha permitido incrementar el número de nuevos nacimientos y volver a recobrar un saldo positivo entre nacimientos y defunciones. Pero la crisis está volviendo a hacer que el saldo migratorio neto no sea suficiente como para cambiar la tendencia que se observaba antes del citado fenómeno migratorio.
La población española, y europea en general envejece. Esto no es ni bueno ni malo, es sólo un hecho y una tendencia que va a más.
Una población envejecida y con una larga esperanza de vida asociada al consumo de productos y servicios sanitarios va a llevar el sistema actual a una crisis, es decir a un cambio, para poder continuar con las prestaciones que hoy tenemos. La sostenibilidad del sistema pasa por contemplar esos parámetros demográficos y epidemiológicos propios de vivir en un país desarrollado con una población que demanda los mismos y que es exigente con la calidad de su prestación.
Cómo hacer esos cambios es un asunto que incumbe directamente a los profesionales que estamos directamente relacionados con el producto y el servicio que daba título a este artículo.
Tenemos dos grandes opciones:
- Hacerlos nosotros y ofrecer soluciones a la Administración
- Dejar que la Administración haga sus propuestas.
Mi postura es que el camino primero es el que debemos tomar. Crear un panel de expertos que conozcan lo que se está haciendo en Europa y en otros países de desarrollo social parejo (USA y Japón, por ejemplo) y trabajar en encontrar el equilibrio que España necesita para tener un sistema sanitario universal sostenible.
Dejar a la Administración a su albedrío es arriesgarse a que prosperen propuestas menos profesionales, más economicistas y sobre todo que favorezcan a esos grupos de presión que acechan el mercado farmacéutico.
A trabajar tocan.